Los delitos contra la libertad sexual llevan penas muy altas y exigen una defensa técnica sólida desde las primeras diligencias. Tanto si te han acusado como si eres víctima, el momento de actuar es ahora.
Los delitos contra la libertad sexual están regulados en el Título VIII del Código Penal, profundamente modificado por la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del «solo sí es sí». Esa reforma eliminó la distinción entre agresión y abuso sexual: ahora cualquier acto sexual sin consentimiento es agresión sexual.
Las penas son de las más altas del Código: desde cuatro años de prisión en los casos base hasta quince o más cuando concurren agravantes como uso de violencia o intimidación, acceso carnal, víctima menor de dieciséis años o posición de confianza del autor. Además, la condena puede llevar aparejada la pena accesoria de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena principal.
Llevamos este tipo de causas tanto desde la perspectiva de la defensa del acusado como desde la asistencia a víctimas que buscan asesoramiento jurídico para entender el proceso y ejercer sus derechos. Son dos roles completamente distintos que requieren estrategias distintas.
Desde la instrucción hasta el juicio oral, con un interlocutor que conoce el expediente de principio a fin.
Asistencia desde la primera declaración, revisión de la prueba disponible, proposición de pericial y control de la calificación jurídica en todas las fases del proceso.
Consultar por teléfono →Información sobre derechos, acompañamiento en la denuncia y a lo largo del proceso, y ejercicio de la acusación particular cuando la víctima quiere personarse como parte.
Consultar por teléfono →Seguimiento del expediente judicial, recursos frente a la prisión provisional cuando no está justificada y solicitud de medidas de protección para la víctima cuando corresponde.
Consultar por teléfono →Coordinación con peritos forenses, psicólogos y médicos para rebatir o sostener los informes periciales que con frecuencia son decisivos en este tipo de causas.
Consultar por teléfono →Defensa en la vista, interrogatorio de testigos y peritos, y recurso de apelación o casación frente a sentencias desfavorables.
Consultar por teléfono →Asesoramiento sobre las consecuencias accesorias de la condena: libertad vigilada, inscripción en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y sus implicaciones prácticas.
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En causas por delitos contra la libertad sexual, lo que se hace o se deja de hacer en los primeros días tiene consecuencias a largo plazo. Llámanos al 605 07 26 03 antes de declarar y antes de tomar ninguna decisión sobre el proceso.
La reforma de 2022 unificó en un solo tipo —la agresión sexual— lo que antes se distinguía como agresión y abuso sexual. El criterio central es ahora la ausencia de consentimiento, no la presencia de violencia o intimidación. También modificó los marcos penales, lo que llevó a que algunos condenados solicitaran revisión de su condena al amparo de las penas más bajas que introdujo la nueva redacción. La jurisprudencia posterior ha ido cerrando esa interpretación.
Es una medida de seguridad que se cumple después de la pena de prisión y que puede incluir obligaciones como presentarse periódicamente en el juzgado, prohibición de residir o acercarse a determinados lugares y personas, y seguimiento de programas de tratamiento. Se impone en sentencia cuando el tribunal considera que hay peligrosidad residual, y su duración varía según el delito.
Sí. Algunos delitos contra la libertad sexual se persiguen de oficio cuando hay menores implicados; en los que afectan a adultos, la persecución depende de la denuncia del perjudicado o de su representante. El plazo para denunciar no es el mismo que el de prescripción del delito, que puede ser largo cuando la víctima era menor en el momento de los hechos.
Sí. La ley prevé medidas de protección para las víctimas durante la instrucción y el juicio: declarar sin estar en la misma sala que el acusado, hacerlo en dependencias separadas o a través de videoconferencia, y que se evite la publicidad del proceso. Solicitarlas desde el principio es parte del trabajo del abogado que asiste a la víctima.
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