La expresión ley de blanqueo de capitales recoge dos realidades distintas que conviene no mezclar: el delito penal, regulado en el artículo 301 del Código Penal, y el sistema administrativo de prevención, que en España se rige principalmente por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Ambas ramas tienen sanciones propias, sujetos distintos y lógicas diferentes. La penal persigue al que blanquea; la administrativa persigue al que no controló. Un abogado, un notario o una entidad financiera pueden ser sancionados administrativamente sin haber participado en ningún delito, simplemente por no haber cumplido los procedimientos de control.
El delito del artículo 301 del Código Penal
El artículo 301 del Código Penal castiga a quien adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a quien haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Las penas van de seis meses a seis años de prisión, más multa. Si el valor de los bienes es especialmente elevado o el autor forma parte de una organización, la pena puede llegar hasta los nueve años.
Quiénes son sujetos obligados por la Ley 10/2010
La Ley 10/2010 establece un sistema de prevención que recae sobre sujetos obligados: personas y entidades que, por su actividad, pueden ser utilizadas para blanquear dinero. El artículo 2 de la ley los enumera.
- Entidades financieras: bancos, aseguradoras, gestoras de fondos, entidades de pago.
- Auditores, contables externos, asesores fiscales y notarios.
- Abogados y procuradores en determinadas operaciones (compraventa de inmuebles, gestión de fondos, constitución de sociedades o gestión de cuentas bancarias).
- Promotores inmobiliarios y agentes de la propiedad.
- Comerciantes que acepten pagos en efectivo por importe igual o superior a 10.000 euros.
- Casinos, empresas de envío de dinero y operadores de activos virtuales.
Los abogados tienen un régimen especial: están sujetos a las obligaciones preventivas cuando actúan en representación del cliente en operaciones financieras o inmobiliarias, o cuando gestionan fondos, pero no cuando ejercen la defensa o el asesoramiento jurídico propiamente dicho. Esa distinción es relevante y controvertida.
Qué obligaciones impone la ley
El sistema de obligaciones preventivas se articula en torno a cuatro pilares:
| Obligación | En qué consiste |
|---|---|
| Diligencia debida | Identificar al cliente y verificar su identidad, conocer el origen de los fondos y comprender el propósito de la operación. Se intensifica en clientes de alto riesgo. |
| Comunicación al SEPBLAC | Comunicar las operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), sin informar al cliente de que se ha realizado esa comunicación. |
| Conservación de documentos | Conservar durante diez años la documentación que acredita el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. |
| Manual de prevención | Las entidades financieras y los sujetos obligados de mayor tamaño deben tener un manual de prevención y un órgano de control interno. |
Si tu despacho, empresa o actividad podría encajar como sujeto obligado y no tienes claro qué exige la ley, llámanos antes de que llegue una inspección.
Llamar al 605 07 26 03Infracciones y sanciones administrativas
El incumplimiento de las obligaciones de la Ley 10/2010 no da lugar a responsabilidad penal por sí solo, pero sí a infracciones administrativas que se clasifican en muy graves, graves y leves. Las sanciones pueden ser cuantiosas.
- Infracciones muy graves: multa de hasta 10 millones de euros o el duplo del beneficio obtenido, y amonestación pública.
- Infracciones graves: multa de hasta 1 millón de euros y posible suspensión temporal de la actividad.
- Infracciones leves: amonestación privada.
La autoridad supervisora varía según el tipo de sujeto obligado: el Banco de España supervisa a las entidades de crédito, la CNMV a las de valores, y el SEPBLAC al resto. Los expedientes sancionadores son independientes de cualquier investigación penal.
Por qué la distinción penal-administrativa es importante
Cuando alguien recibe una comunicación de la autoridad supervisora o una citación como investigado en una causa penal por blanqueo, las estrategias defensivas son completamente distintas. En sede administrativa se discute si se cumplieron los procedimientos de control; en sede penal se discute el conocimiento del origen ilícito de los bienes.
El error más habitual es tratar ambas vías de la misma forma. El cliente que colaboró con la autoridad administrativa para demostrar sus controles no está automáticamente protegido en sede penal, y viceversa. La defensa tiene que diseñarse para cada frente por separado.
Si la investigación penal tiene también una ramificación societaria —levantamiento de velo, responsabilidad de administradores, uso de sociedades pantalla—, el abogado penalista trabaja en coordinación con el mercantilista desde el primer momento.
Contenido revisado por el despacho. Es información general: no sustituye al análisis de tu caso concreto.
