Los delitos relacionados con drogas se juzgan con penas altas y exigen defensa técnica desde el primer momento: la detención, la entrada en el domicilio y la cadena de custodia son los puntos donde más errores comete la acusación y donde más juega la defensa.
Los delitos contra la salud pública relacionados con drogas están regulados en los artículos 368 y siguientes del Código Penal y llevan aparejadas penas de prisión que van de uno a tres años en los casos más leves, y de tres a seis —o incluso más— cuando concurren agravantes como cantidad de notoria importancia, organización o uso de menores.
La diferencia entre una pena mínima y una máxima no depende solo de los hechos: depende de cómo se practicó la detención, si la entrada en el domicilio fue legal, si la cadena de custodia de la sustancia es impecable y si se respetaron todos los derechos del detenido. Esos son los puntos que un penalista revisa desde el primer momento.
En Gómez Villar Abogados actuamos en Madrid y la Comunidad de Madrid desde el primer contacto, ya sea en comisaría cuando se pide abogado de oficio frente a uno elegido, o en el momento en que el cliente o su familia nos llaman al conocer la situación.
Las fases de este tipo de causas y lo que hacemos en cada una.
Actuación inmediata en comisaría: revisión del atestado, instrucciones al detenido y control del cumplimiento de sus derechos antes de la declaración policial.
Consultar por teléfono →Comprobación de si la entrada y registro fue autorizada judicialmente, si la cadena de custodia de la droga es correcta y si la detención fue ajustada a derecho. Irregularidades aquí pueden hacer que la prueba sea nula.
Consultar por teléfono →Seguimiento del expediente en juzgado de instrucción, proposición de pruebas, recursos frente a medidas cautelares y defensa en el juicio oral.
Consultar por teléfono →Análisis de si concurren atenuantes (drogodependencia, confesión, reparación del daño) y valoración de si una conformidad negociada con la acusación mejora el resultado frente al juicio.
Consultar por teléfono →Gestión de la suspensión de la pena para toxicómanos en tratamiento y sustitución por medidas alternativas cuando la ley lo permite.
Consultar por teléfono →Asesoramiento a la familia desde el primer momento: qué hacer cuando hay una detención, qué derechos tiene el detenido y cómo se gestiona la comunicación en las primeras horas.
Consultar por teléfono →Nos cuentas el caso por teléfono o WhatsApp. Sin compromiso y sin coste.
Te decimos qué opciones tienes, qué riesgo asume cada una y cuánto cuesta.
Firmas una hoja de encargo con el precio pactado. No hay extras.
Trabajamos el asunto y te informamos en cada hito, sin que tengas que perseguirnos.
En casos de detención, cada minuto antes de la declaración policial cuenta. Si te han llamado de una comisaría o acabas de saber que hay una investigación en curso, llámanos al 605 07 26 03 antes de tomar ninguna otra decisión.
La tenencia para consumo propio no es delito en el Código Penal, pero sí es infracción administrativa grave conforme a la Ley Orgánica 4/2015 (Ley de Seguridad Ciudadana). La línea entre consumo propio y tenencia para tráfico la fija el juzgado atendiendo a la cantidad, la presentación de la sustancia, el dinero disponible y las circunstancias del hallazgo. Esa valoración es discutible y es el primer punto que revisamos.
Es un agravante del artículo 369 del Código Penal. Los tribunales han fijado umbrales orientativos para cada sustancia: para la cocaína, por ejemplo, la notoria importancia se sitúa a partir de 750 gramos, aunque los criterios varían según la jurisprudencia del tribunal y la pureza. Superar ese umbral puede doblar la pena mínima, así que su acreditación y discusión son centrales en la defensa.
La drogodependencia puede actuar como eximente incompleta o como atenuante según el grado en que afectó a la capacidad de querer y conocer del imputado en el momento de los hechos. Además, si la condena no supera los dos años y el condenado está en tratamiento deshabituador, cabe solicitar la suspensión de la ejecución de la pena. Son vías que se trabajan con documentación médica desde el inicio de la causa.
No, salvo flagrante delito. Una entrada y registro sin autorización judicial o sin que concurra la excepción legal hace que todo lo encontrado dentro pueda declararse nulo como prueba. La revisión de este punto es lo primero que hacemos al analizar el atestado.
¿Tu duda no está aquí? Llámanos y te la resolvemos en la misma llamada.
